El mandatario dispuso incrementar del 38 al 47% el porcentaje de detracción que se aplica sobre su remuneración de ley. Sostiene que la medida responde a seguir sosteniendo un esquema de salarios razonables para las jerarquías más altas de Poder Ejecutivo, en equilibrio con el conjunto de haberes del resto de los agentes del sector público provincial. La remuneración es de $1.267.284,54 y con esta reducción queda en 671.660 pesos.
Por segunda vez en los últimos 5 meses, el Gobernador resolvió incrementar el porcentaje de suspensión de los aumentos a aplicar sobre su remuneración, el que a partir del 13 marzo quedó fijado en el 47%.
Con esta medida busca neutralizar sobre sus haberes el impacto del incremento salarial del 20% que dispusiera, a partir del 1 de febrero, el Tribunal de Cuentas, y que actúa como base de cálculo para la determinación de la remuneración de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo Provincial y de los Legisladores.
De acuerdo a lo establecido en el decreto 758/23, el porcentaje de suspensión a aplicar sobre la remuneración del Gobernador pasa del 38% al 47%, en tanto mantiene en el 21% la suspensión sobre el haber de la Vicegobernadora.
Con la aplicación del aumento del 20% en los salarios de escala del personal del Tribunal de Cuentas, la remuneración de ley del mandatario ascendió a partir del 1 de febrero a un bruto de 1.267.284,54 pesos, que por aplicación de la suspensión del 38% quedó en 785.716 pesos, y a partir de mediados de marzo con la entrada en vigencia del 47% de suspensión en 671.660 pesos, monto que apenas supera la remuneración que percibió durante el mes de enero de este año.
En el referido decreto se menciona que el artículo 36 del presupuesto 2021 estableció la base de cálculo del haber del Gobernador. En la ley 1333 los Legisladores fijaron que la remuneración del titular del Ejecutivo provincial sería equivalente a 6 veces la remuneración básica que perciban los agentes Categoría E del Escalafón Profesional Universitario (EPU), y que la de estos sea equivalente al básico de escala de la Categoría A3 del cuerpo de auditores del órgano del Tribunal de Cuentas. En función de este esquema de enganches, cada vez que el Tribunal de Cuentas le aumenta los salarios a su personal, esa mejora se traslada automáticamente a los agentes del escalafón EPU y por ende también en la del Gobernador, Vicegobernadora, Legisladores, Autoridades de Cámara y miembros del gabinete provincial.
En el considerando de la norma se recuerda que con anterioridad ya se había aplicado un porcentaje de suspensión sobre los aumentos que impactaban en la remuneración del Gobernador y Vicegobernadora “como medida de carácter extraordinaria en pos de lograr una política salarial equilibrada, coordinada, armónica, razonable y equitativa dentro del sector público provincial” y que bajo esas mismas premisas se decide ahora “el incremento del porcentaje de suspensión de los haberes”, ya que aun cuando “desde este Ejecutivo Provincial se han realizado los mejores esfuerzos para poder otorgar mejoras salariales para todos los agentes de la Administración, lo cierto es que la situación económica de constante alza inflacionaria, afecta directamente a los trabajadores del sector público, siendo la presente una medida que empatiza con dicha difícil situación que sobreviven día a día dicha clase trabajadora en sus economías hogareñas”.
Por la normativa vigente, la Vicegobernadora percibe una remuneración equivalente al 95% de la remuneración de ley del Gobernador; los Legisladores del 90%, Ministros y Secretarios de Estado del 66%, demás funcionarios del gabinete de entre el 31 al 61%, y el personal de gabinete de entre el 5 al 31%.
